El reciente decreto del Ministerio de Salud de Perú que clasifica a las personas trans como enfermos mentales ha generado una ola de críticas y protestas. La medida, que incluye a la transexualidad y el travestismo de doble rol como enfermedades mentales, busca justificar la necesidad de tratamiento psicológico para estas personas. Sin embargo, esta clasificación ha sido ampliamente condenada por su impacto negativo en la lucha por los derechos LGBTIQ+ y la igualdad de género en el país.
Por eso, ahora dicen que con en esta nueva medida podrán pedir cobertura de salud. El decreto supremo N° 009-2024-SA, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, consiste en una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), documento que contiene una lista detallada de las condiciones, intervenciones y atenciones que son financiadas a todos los asegurados y que rige en los centros de salud públicos y privados de Perú.
“El transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica” han sido consignados ahora en el capítulo de problemas de salud mental en la cobertura de aseguramiento del país andino a pesar de que la OMS excluyó la transexualidad de su manual de enfermedades desde hace dos años.
La respuesta de las organizaciones internacionales de derechos humanos ha sido igualmente contundente. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han emitido comunicados instando al gobierno peruano a revertir la medida y adoptar políticas que respeten y protejan los derechos de las personas trans. Estas organizaciones destacan que la clasificación de la transexualidad como una enfermedad mental no solo es científicamente incorrecta, sino que también refuerza prejuicios y prácticas discriminatorias que afectan gravemente la salud mental y el bienestar de la comunidad trans.
Los diferentes colectivos, organizaciones y activistas de la comunidad LGBTI se han reunido y han determinado dos acciones. Primero, pedir la derogación de este documento oficial. Segundo, pedir que el Sistema Nacional de Salud se actualice e implemente el CIE-11, acciones que irán acompañadas de movilizaciones en las calles.
Igualmente, la organización no gubernamental Más Igualdad Perú recolectó las firmas de 414 profesionales de la salud mental y 176 representantes de asociaciones LGBTIQ+ y de derechos humanos para pedir al Ministro de Salud, César Vásquez, que cancele la inclusión de la población trans en el capítulo de “trastornos mentales y del comportamiento”.